Antonio García, portavoz de la APM, dijo a Servimedia que es una "obviedad" que "las resoluciones judiciales deben ser respetadas y cumplidas por todos", en referencia a la sentencia dictada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

A este respecto, García señaló que "cualquier cosa que el Gobierno vasco hiciese con la intención de defraudar lo que ha sido establecido por esa sentencia, conllevaría, lógicamente, un fraude legal mayúsculo".

Este portavoz hacía referencia así a la posibilidad de que Azkárraga entregue ayudas de hasta 2.400 euros a las familias de presos de ETA, algo que, en este caso, correría a cargo del capítulo de asistencia social.

En este sentido, el representante de la APM añadió que hay que conocer cuál es exactamente la "mecánica" que el Gobierno vasco va a utilizar para justificar estas nuevas ayudas, pero destacó que "si lo que al final hay es una intención de buscar una vía indirecta para defraudar o para eludir de una manera jurídicamente no justificada el contenido de la sentencia, es evidente que lo que hay es un fraude".

El portavoz del principal colectivo de jueces concluyó que si finalmente lo que existe es este intento de no cumplir una sentencia, "habrá que intentar evitarlo".