Así lo trasladan a Servimedia fuentes de la negociación parlamentaria, que aseguran que desde La Moncloa se ha pedido al PSOE que relaje la negociación con los socios parlamentarios, una negociación que ya había entrado en una última fase de detalle con el intercambio de documentos muy trabajados.

De esta manera se atrasa unas semanas más la aprobación de un texto que salió del Consejo de Ministros hace más de un año y que es uno de los principales objetivos del Gobierno de coalición en lo que resta de legislatura.

Fuentes del Ejecutivo aseguraban la semana pasada que se está "ya sí, muy cerca" de cerrar el acuerdo para lograr una norma que será la primera que regule a nivel nacional la política de vivienda, toda vez que desde los partidos en el Congreso se han cruzado documentos llegando al "mínimo detalle" y "artículo por artículo", con la voluntad de llegar a un acuerdo "pronto".

Precisamente, este mismo miércoles, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, aseguró que están “muy cerca” de cerrar el acuerdo pero que no iba “más allá porque tiene que salir bien”.

“Es importante que la ley de vivienda vea la luz pronto, es una necesidad de muchos ciudadanos", subrayó Montero tras apelar a la discreción en la negociación.

En esta línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dijo este lunes que tiene “pendiente” conversar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la ley e instó a “dar un paso adelante” para acordarla. Fuentes de La Moncloa trasladaban que Sánchez no tenía en agenda reunión prevista con la también ministra de Trabajo.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, animaba en público la semana pasada a que los grupos pudieran “resolver” las “dos o tres cuestiones” que están “pendientes” para dar luz verde definitivamente a la ley.

De llevar el texto final a ponencia la semana del 10 de abril, la ley podría llegar a Comisión la siguiente semana y, finalmente, elevarse a Pleno la semana del 24 de abril, la última del mes.

La política de vivienda ha sido un caballo de batalla durante toda la legislatura entre PSOE y Unidas Podemos. Fijada en el acuerdo de coalición, las dos partes no se han puesto de acuerdo en cómo afrontar el control de los precios de los alquileres, entre otros aspectos, y, por ello, tardó en fraguarse un pacto en el seno del Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de ley, lo que ocurrió en febrero de 2022.

NUEVOS ALQUILERES

Fuentes conocedoras de la negociación trasladaron a Servimedia que el “gran fleco” pendiente es la regulación de las nuevas viviendas que se introducen en el mercado. Tras acordar la definición del concepto de gran tenedor, de especial importancia porque serán éstos los que se tengan que acoger a la limitación de precios, los partidos buscan ahora cómo afrontar la regulación de los nuevos contratos en el mercado del alquiler de pequeños propietarios en zonas tensionadas.

Para su regulación, estas fuentes conocedoras apuntan que todavía falta por aclarar la postura del Ministerio de Asuntos Económicos, que lleva, desde hace meses, y junto al recién nombrado secretario de Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, el peso de la negociación por parte del Ejecutivo.

No obstante, la regulación de los contratos de alquiler vigentes relativos a pequeños propietarios en zonas tensionadas está prácticamente cerrada.

Por un lado, el tope, aprobado en diciembre como parte de las medidas para paliar los efectos de la guerra, está actualmente vigente hasta el mes de junio y la intención del Gobierno sería extenderla hasta finales de 2024, pero elevando del 2% al 3% el repunte máximo que un casero puede repercutir al inquilino, algo que han podido confirmar fuentes conocedoras de la negociación a Servimedia. Así, las viviendas de pequeños tenedores alquiladas en área tensionada, si tuvieran nuevo contrato, se referenciarían al precio del contrato anterior.

Mientras, lo único que quedaría pendiente de referenciarse son las nuevas viviendas para alquilar que no lo hayan estado en los últimos cinco años y en área tensionada.

En el ala socialista siempre han defendido que, además de límites de precios, a los pequeños propietarios les deben ofrecer incentivos fiscales.

En esta línea, Calviño afirmaba la semana pasada que en la ley hay que incorporar elementos que “no solo nos permitan reaccionar ante situaciones extraordinarias”, sino que “proporcionen un marco estable que fomente la puesta a disposición y el aumento del parque de vivienda”.