Se trata de “un dato clave” de cara a la reubicación de 3.900 menores no acompañados desde Canarias y Ceuta, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 2/2025, por el que se aprobaron medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias.

En concreto, aquel modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el objetivo de permitir derivaciones automáticas de estos menores cuando un determinado sistema alcance el triple de su capacidad.

El real decreto que hoy sale adelante establece esta capacidad ordinaria en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes para la media de España. Este pudo ver la luz en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud del pasado 18 de julio, que no llegó a celebrarse por falta de quorum, ante el plante de las autonomías gobernadas por el PP. Entonces, la ministra del ramo, Sira Rego, anunció que los traslados comenzarían el 28 de agosto de cualquier modo.

Ahora, se aprueban de forma definitiva las plazas de acogida con las que debe contar cada comunidad (su capacidad ordinaria), un dato clave para cifrar después el número de menores que deberá atender cada territorio.

Según el Decreto-Ley 2/2025, este cálculo debe considerar parámetros como la población (50%), la renta per cápita (13%), su tasa de paro (15%), su esfuerzo previo de acogida (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ser ciudad o territorio frontera (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

PASO DEFINITIVO

A juicio de Rego, la aprobación de este real decreto supone “un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país”. A partir de este momento, “está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido”, confirmó Rego.

“Hoy damos un paso importante para garantizar los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes que llegan solos y solas a nuestro país. Tenemos la obligación de darles una acogida digna y solidaria y en ello trabajamos desde hace meses a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios”, declaró.

Según la fórmula aprobada hoy, Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria en sus sistemas de acogida, con 2.827, 2.650 y 2.325 plazas en cada caso. Le siguen la Comunidad Valenciana (1767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco, con 731.

Otro grupo lo forman Castilla-La Mancha, cuya capacidad ordinaria queda fijada en 692 plazas, Murcia (517), Aragón (441) y Baleares (406). Mientras Extremadura, Asturias, Navarra, Cantabria y la Rioja deben disponer de 344, 331, 223, 194 y 107 plazas, respectivamente.

Finalmente, se establecen 28 plazas para Melilla y 27 en el caso de Ceuta. La media para el conjunto del Estado se sitúa en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Según La Moncloa, el conjunto del sistema atiende a unos 16.000 menores.