En su intervención, aclaró que esta ley “consagra la gestión directa como el pilar ordinario del Sistema Nacional de Salud, es decir, los centros y servicios sanitarios deberán gestionarse preferentemente por las administraciones sanitarias competentes por entidades del sector público o por consorcios públicos”.

Tras incorporar las aportaciones de la fase de información pública, el Gobierno impulsó este texto legislativo para garantizar la prioridad de la gestión pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario.

El Proyecto de Ley consagra la gestión directa como el pilar fundamental del SNS, realizándose a través de las administraciones, entidades del sector público o consorcios.

En este sentido, Mónica García afirmó que para blindar este modelo la norma procede a la derogación expresa de la Ley 15/1997, eliminando las vías que permitieron la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública.

GESTIÓN PÚBLICA

Según la exposición de motivos, la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.

La gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter estrictamente excepcional. Para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.

Entre los mecanismos de control destacan la evaluación previa obligatoria, y la titular de Sanidad destacó que se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil.

Estos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, y la administración deberá tenerlo en cuenta antes de tomar una decisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes.

MECANISMOS DE CONTROL

Otro mecanismo de control será un Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que será obligatorio en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria, así como la preferencia por el sector social: en caso de empate en licitaciones, se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro.

La ley introduce medidas de buen gobierno, exigiendo la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. Además, la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesorará técnicamente a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad elaborará, en el plazo de un año, un informe de evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997.

GRUPO DE TRABAJO

El informe será realizado por un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas y personas expertas en este tipo de evaluaciones, y contará además con la participación de organizaciones de pacientes.

El Proyecto de Ley incluye un régimen transitorio para garantizar la seguridad jurídica: los contratos y concesiones que ya estén en ejecución o iniciados se seguirán rigiendo por la normativa anterior hasta su vencimiento. Una vez aprobada definitivamente por las Cortes, la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.