Tal y como recoge el proyecto, el objeto de esta ley es "asegurar la protección integral de los menores mediante el reconocimiento y la garantía de los derechos de los cuales son titulares, el establecimiento de un sistema integral que los proteja en todos los ámbitos y la fijación de los principios que deben regir la actuación de las entidades responsables de su atención".

Según el Gobierno balear, la necesidad de esta ley ha venido determinada principalmente por la dispersión normativa y el ejercicio de competencias por parte de varias administraciones concurrentes. En concreto, la protección del menor está desempeñada por la Administración del Estado, la comunidad autónoma, los consejos insulares y los ayuntamientos.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico consideró "positivo" adoptar una norma de carácter integral que regule los derechos y las obligaciones de los menores, así como los mecanismos de actuación de los poderes públicos.