Según la Junta de Castilla y León, el proyecto aprobado hoy, que pretende configurar una ley de actuaciones concretas, no persigue una regulación teórica, sino adoptar medidas que supongan un beneficio directo y concreto en la vida de los ciudadanos.

En palabras del Ejecutivo regional, el objetivo central es "establecer un marco jurídico de apoyo a las familias", con la doble finalidad de facilitar a éstas el desempeño de sus responsabilidades y el ejercicio de sus derechos e impulsar la formación de nuevos núcleos familiares.

El proyecto de ley supone la transformación de las actuales líneas de apoyo "graciables" en auténticos derechos subjetivos para las familias, la incorporación de novedades de cara al futuro (nuevas ayudas, nueva configuración de centros y servicios...) y la decisión de crear una política integral de apoyo a esta institución.