Dicha ley autoriza al Gobierno a tomar las medidas necesarias para la puesta en funcionamieto de un tercer canal de televisión de titularidad estatal y para otorgarlo, en régimen de concesión, en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma.

La citada ley de 1983 recoge que, con carácter previo a la concesión, la comunidad autónoma solicitante, en este caso Aragón, tiene que regular la organización y el control parlamentario de la nueva televisión regional.