Ambas diligencias derivan de la causa principal que sigue abierta por estos hechos, que causaron un perjuicio a las arcas públicas por un importe superior a los 250.000 euros entre los años 2007 y 2017 y por las que han sido encausados recientemente dos antiguos funcionarios y cinco proveedores de la subdelegación.

En esa causa principal la instrucción ha constatado la existencia de indicios de elaboración de facturas falsas para el pago de servicios, atenciones protocolarias o gastos electorales que en realidad no habían sido prestados, entre otras irregularidades.

El instructor ha determinado ahora que los dos subdelegados eran ajenos a la trama y firmaron directamente o por personas delegadas las facturas y ordenaron los pagos “bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios”.

En el caso del que fuera responsable de la institución entre los años 2007 y 2012, Antonio M.L., el auto señala que no ha quedado “acreditada debidamente” su “intervención directa en la elaboración de documentación falsa respecto a los comensales que acudieron a distintas comidas y diversos gastos en restaurantes”.

A la misma conclusión llega el magistrado instructor respecto al subdelegado que ejerció el cargo entre 2012 y 2018, David B., igualmente en relación a los gastos en restaurantes y los asistentes a diferentes comidas.

En su caso, además, la resolución judicial precisa que, tal y como consta en las actuaciones, durante su mandato “se vieron notablemente reducidos dichos gastos”.

Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se opusieron a la solicitud de sobreseimiento formuladas por las defensas de ambos investigados. En cualquier caso, contra los dos autos se pueden interponer recursos de reforma y/o de apelación.