El auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid pone fin así a más de tres años de procedimiento penal iniciado por un grupo minoritario de franquiciados disconformes, liderados por el abogado Rafael Franco y el despacho Cremades & Calvo Sotelo.

El Auto desmonta la acusación de estafa subrayando una “ausencia total de engaño, y que “es imposible admitir el engaño por parte de aquella empresa franquiciadora”. El Tribunal rechaza los intentos de los denunciantes de ampliar la acusación a otros delitos y el auto reprocha el planteamiento prospectivo sin indicios que persiguió la denuncia que compara con “salir a pescar”, al afirmar que esto no debe ser admitido por los tribunales, pues atenta contra los derechos fundamentales.

La Audiencia Provincial de Madrid da la razón al Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, que ya había archivado el asunto hasta en dos ocasiones al determinar la inexistencia de “elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno por parte de los denunciados hacia los denunciantes” y calificando en su auto a la denuncia de “un totum revolutum de imputaciones sin fundamento”.

Este nuevo auto se suma a la jurisprudencia a favor del sector de la franquicia y refleja la ausencia de relevancia penal en las controversias entre franquiciadores y franquiciados.