Los testimonios de Benegas, Solchaga y Rubio tienen relación con la participación de cada uno de ellos en l proceso de concesión de exenciones fiscales a la Corporación Industrial de Banesto en 1990.

El ex presidente de Banesto Mario Conde declaró a comienzos de esta semana que pagó 600 millones a Argentia Trust en julio de 1990 por indicación de su asesor Antonio Navalón.

Navalón había acordado con Conde prestarle asesoramiento en la creación de la Corporación Industrial y su salida a bolsa, operaciones por las que contrajo diversos "compromisos" que debió pagar con el dinero que recibió Argentia Trst.

Dentro de esa labor de asesoramiento, según Conde, una parte importante fue la concesión de las exenciones fiscales, motivo por el cual Navalón habría concertado varias entrevistas entre el ex presidente de Banesto y Mariano Rubio, Carlos Solchaga y Felipe González.

En este sentido, Rubio deberá aclarar si se opuso a la creación de exenciones fiscales, tal y cómo ha declarado Conde, mientras que Benegas tendrá que explicar si gestionó un encuentro entre el ex presidente de Banesto y Felipe Gozález para tratar las exenciones fiscales.

Por su parte, Solchaga será preguntado por sus contactos con Conde, y por una reunión entre ambos ocurrida en el despacho del entonces ministro en 1990, y en la que Solchaga hizo referencia a que el PSOE era organización "muy cara".

El periodista García Abadillo está citado para aclarar diversos aspectos de la información que su periódico publicó en abril 1994 y que dió origen al caso, y de la entrevista que junto al director de su periódico hicieron a Cnde en julio de ese mismo año.

Sin embargo, el testimonio de Benegas, Rubio y Solchaga ha perdido trascendencia tras declarar hoy Navalón que los 600 millones de pesetas que Banesto pagó a Argentia Trust fueron a parar a intermediarios financieros internacionales.

Navalón dijo que su colaborador Diego Martín Selva tiene un documento que indica que el dinero que pagó Banesto fue a parar a varios abogados extranjeros que actuaron como intermediarios.

Estos abogados trabajaron para reunir a gruos de inversores internacionales que pensaban comprar acciones de la Corporación Industrial, motivo por el cual cobraron los 600 millones de pesetas aunque la salida a bolsa no tuvo lugar.

El documento citado, que previsiblemente Martín Selva presentará mañana, refleja como un abogado suizo reconoce haber actuado como intermediario de grandes inversores, entre los que está una importante empresa norteamericana.