La sentencia, que revoca la absolución dictada por el juzgado de lo Penal número 2, responsabiliza a Juan Vázquez Méndez y Román Pérez Caballero, directivos ambos de la empresa propietaria del barco, entendiendo que son autores de una falta de imprudencia simple, debido a la falta de medidas de seguridad que hicieron que la carga que transportba se corriese y provocara el naufragio.

Además, los acusados, según la sentencia, "consintieron que el barco saliese a la mar sin la radiobaliza de localización del siniestro", que estaba siendo revisada.

Del total de dinero a pagar, ocho millones de pesetas cobrarán las viudas, mientras que las madres percibirían cinco millones y los hijos uno.

La defensa esgrimió que el hundimiento se produjo de forma "imprevisible e inevitable", separando las responsabilidades de los armadores por la muete de los marineros.