"Este Real Decreto establece un modelo que no se basa en los conocimientos profesionales para elaborar los certificados”, indicó el Cscae, quien afirmó que se valida como "técnicos competentes" a personas que no tienen la cualificación y se dedican a áreas de conocimiento ajenas a la arquitectura y la edificación.

Asimismo, consideró que el real decreto “devalúa el rigor” que deben tener las certificaciones de eficiencia energética y va en contra de las exigencias de las directivas comunitarias en la materia,.

También denunció que muestra una visión de la eficiencia energética "insuficiente", ya que "obvia la globalidad de los sistemas constructivos e instalaciones y prestaciones de seguridad y habitabilidad". “Garantizar la eficiencia energética de un edificio exige un diagnóstico riguroso y de conjunto; basado en un conocimiento global del edificio, de su ciclo de vida, y de sus elementos activos y pasivos”, destacó.

De igual manera, consideró que “infringe aspectos esenciales de legalidad, como el principio de reserva de ley” y “contradice la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre competencias profesionales".

Por último, explicó que la información del certificado resulta "determinante" a la hora de tomar decisiones de venta, compra o alquiler de una vivienda.