La manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas, llega después de una semana de movilizaciones, primero, para evitar el desahucio de Maricarmen. Esta mujer de 87 años que tuvo que abandonar la casa en la que residió durante más de 70 años, y, después, para exigir al Gobierno y a las distintas administraciones competentes una respuesta a esta problemática y al mercado de la vivienda en general.

En el inicio de la protesta de este sábado, los manifestantes corearon proclamas como "el ático de Ayuso para Maricarmen”, “Gobierno responsable” y "no toleramos un desahucio más". También portaban pancartas en las que se podía leer “Stop desahucios", "Derecho a techo y "Desahucios infames". Entre los asistentes estaba la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exigió el viernes al Gobierno la aprobación inmediata, en el Consejo de Ministros del martes, de un decreto de vivienda con medidas para intervenir el mercado del alquiler y evitar nuevos desahucios de personas vulnerables.

Esta petición, bautizada como ‘Decreto Maricarmen’, incluye medidas como mecanismos estructurales para impedir los desahucios, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres de temporada y por habitaciones y la congelación de los actuales precios del alquiler. También piden prorrogar los contratos de alquiler y establecer su renovación automática para convertirlos en indefinidos.

Los Sindicatos de Inquilinas también pidieron el respaldo de CCOO y UGT, a los que animaron a convocar una huelga general por la vivienda y el coste de la vida en caso de que el decreto no prospere.

DECRETO DE VIVIENDA

El desahucio de Maricarmen y el clamor social ante el problema de la vivienda han supuesto un punto de inflexión y han obligado al Gobierno a tomar nuevas medidas al respecto, y se encuentra negociando un nuevo decreto, tanto con sus socios de coalición como con los de investidura y el resto de los grupos parlamentarios.

Las conversaciones se presentan difíciles desde el propio seno del Ejecutivo, ya que Sumar ha amenazado con plantarse en el Consejo de Ministros del martes si no se aprueba ese día un decreto con medidas para afrontar la crisis de la vivienda. La formación pretende incluir en el texto la expropiación de la vivienda de la que fue desalojada la mujer para que pueda regresar a ella, y ha trasladado al PSOE que harán “lo que sea necesario” en el ámbito político e institucional para sacar adelante la norma.

Por su parte, Junts aseguró esta semana que el PSOE está estudiando las propuestas en materia de vivienda, incluidas medidas fiscales, que la formación entregó hace dos semanas directamente a Sánchez.

Podemos, cuyos votos son también necesarios para construir una mayoría en el Congreso, ha defendido una mayor intervención pública del mercado de la vivienda y se ha mostrado contraria a introducir incentivos fiscales a propietarios, como planteó Junts.

OFERTA DE URBAGESTIÓN

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) confirmó a Servimedia que el próximo lunes se tratará de mediar con Urbagestión, el fondo propietario del inmueble en el que residía Maricarmen, para tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes y permitir que la mujer vuelva a su hogar. Urbagestión ha ofrecido a la anciana desahuciada el pago de un alquiler máximo de 676 euros.

En el encuentro participarán los representantes de Maricarmen y Urbagestión, así como técnicos de la EMVS, encargados de la mediación. Si el acuerdo pasa por el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) del Ayuntamiento de Madrid, que estipula que la renta nunca puede superar el 40% de los ingresos netos, tendrá que cumplir con las bases del programa.

El requisito para acceder al SIA es que los ingresos de la unidad familiar del inquilino sean inferiores a 8 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros mensuales, que en España los pensionistas cobran a 14 pagas, lo que deja una cuantía anual de 20.300 euros.

En este caso, Maricarmen cumple holgadamente el requisito del Iprem. No obstante, la segunda condición que establece el programa municipal es que el esfuerzo para pagar el alquiler no supere el 40% de los ingresos netos. De esta forma, el cálculo queda en una renta máxima mensual de 676,67 euros. Según publicó el sindicato de Inquilinas en junio, la primera subida propuesta por Urbagestión ascendía a una cuantía mensual de 2.650 euros, que posteriormente se rebajó a 1.650 euros. Así, la cuantía límite del Ayuntamiento estaría 1.000 euros por debajo de lo ofertado en verano por los propietarios.