De esta forma, se seguirá lo marcado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 establece que "el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial". Y así lo confirmó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, el ministro recordó que Peramato cumple con las condiciones que marca la ley, principalmente el de ser una jurista "de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión", destacando así su "idoneidad".

Bolaños dejó claro que, una vez recibida el lunes la carta de cese de Álvaro García Ortiz, "hoy se inicia el proceso establecido legalmente para que finalmente ese nombramiento se publique y se decida en las próximas semanas". Así, detalló que lo que el primer paso es solicitar el dictamen" al CGPJ, "que ha de establecer si existe alguna causa de inelegibilidad o si cumple los requisitos legales establecidos por la norma". Un informe, eso sí, que no es vinculante.

"Dados los precedentes", el ministro confió en que el informe esté listo "en un plazo breve" para que, en "los próximos días y con ese informe ya emitido", se remita a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. "Allí, la señora Peramato tendrá que comparecer para que se valore por parte del Parlamento su idoneidad y sus méritos".

Una vez nombrada, la norma marca que Peramato "prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo". Y hasta que ese nombramiento sea oficial, Bolaños recordó que García Ortiz "continuará prestando sus servicios como fiscal general del Estado", algo que, dijo, "esperemos no se prolongue en demasía, que los informes y las comparecencias que se han de producir lo sean en un tiempo muy breve, muy razonable".