La organización agraria ve "inaceptable" esta decisión y exige el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que establecía un fondo de 370 millones de euros —285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano— destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.

Según Asaja, la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2025 obligaba al Ejecutivo a aprobar en un máximo de dos meses desde su aprobación una ayuda de concesión directa, integrada en el sistema de la PAC, dirigida a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y superficies de olivar y viñedo de secano.

"Sin embargo, más de medio año después, las ayudas no han visto la luz. Y ahora en una respuesta parlamentaria conocida este lunes, el Gobierno afirma que 'no es posible allegar los recursos necesarios', admitiendo que los Presupuestos de 2023 no contemplaban esta partida y que, al estar prorrogados, no puede activarse", señala la patronal en un comunicado.

A juicio de la entidad que preside Pedro Barato, no puede dejarse sin cumplir una ley diseñada precisamente para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables, y considera que el olivar y el viñedo de secano "no pueden convertirse en las víctimas colaterales de la falta de Presupuestos".