A través de un comunicado, la organización hizo una valoración del proyecto legal, partiendo del dato de que el 86% de quienes cuidan a personas dependientes son mujeres.

La Asamblea señaló que el proyecto reconoce el derecho universal de atención, pero, en su redacción, este derecho es restringido, a través de la definición que se hace de dependiente.

A juicio de esta organización, se excluye del sistema al 60% de la población que, siendo considerada como personas con necesidad de ayuda para alguna actividad básica por el Libro Blanco de la Dependencia, no son reconocidos como tales por la ley y, por tanto, quedarán fuera del sistema.

La Asamblea apuntó, también, que otros conceptos que "atentan contra la universalidad" son el copago, que discrimina en función del poder adquisitivo, y el requisito de la nacionalidad para tener derecho a la atención.

Por último, concluyó que "es necesario una mayor concreción del texto", especificando criterios que den a conocer el alcance de la ley, como los baremos de valoración de la dependencia, los criterios de renta y patrimonio para evaluar el poder adquisitivo, o cuáles son los servicios mínimos que va a garantizar el Estado y cuáles las comunidades.