En un comunicado, Asedas explicó que el reglamento europeo no ha tenido en cuenta las necesidades de frío en países con altas temperaturas medias, como España y que existe "una gran inquietud" entre las empresas de la distribución de alimentación por "el estricto calendario".

En ese sentido, lamentó que el sector dispone de apenas cuatro años -hasta 2030- para desescalar en el uso de los gases fluorados actuales, mientras que la industria frigorífica fija un horizonte “más realista”, en el año 2032.

Asedas reclamó que se realice una revisión más ajustada al estado de la tecnología, a la disponibilidad de las soluciones alternativas y de los gases fluorados adecuados. Indicó que los principales problemas para cumplir el calendario son la falta estructural de mano de obra especializada, con un déficit de casi 10.000 técnicos cualificados en España para las reformas necesarias, y el riesgo de desabastecimiento de gases refrigerantes, puesto que en 2027, la F-Gas propone una bajada de cuota de los gases fluorados actuales, lo que ya está suponiendo que los gases más comunes y que sirven como transición estén empezando a no comercializarse. Esto implica que soluciones de transición -gases con menor PCA, pero que funcionan en las instalaciones actuales- podrían no estar disponibles.

Asedas advirtió de que la capacidad de absorción de costes de inversión tan elevados para el sector puede poner en riesgo el funcionamiento de algunas tiendas. Recordó que, según su Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad 2025, la red de supermercados y autoservicios destinó unos 3.000 millones a aperturas y reformas.

La directora de Consumo y Alimentación de Asedas, María Martínez-Herrera, comentó que “una transición ordenada con medidas proporcionadas ayudaría a que este camino -de reducción de gases de efecto invernadero- sea justo para todos los operadores, especialmente pymes y países que deben hacer un esfuerzo mayor para la adaptación”.