Así se desprende de los datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA) y difundidos este miércoles por la patronal de las aseguradoras Unespa.

De esta facturación, 40.240 millones correspondieron al ramo de no vida y los 24.433 millones restantes al de vida. La facturación en no vida se incrementó un 5,21% y la del ramo de vida creció un 3,74%. El conjunto de los seguros no vida se sitúa ya un 9,8% por encima de 2019 mientras que el de vida se encuentra aún por debajo.

En no vida, los seguros de salud crecieron de un año para otro un 7% y aportaron 10.543 millones, y los seguros de multirriesgos subieron un 5,69% en términos interanuales, hasta los 8.578 millones, siendo los dos tipos de seguros que más crecieron.

Las pólizas empresariales, englobadas en la categoría “resto no vida”, sumaron 9.765 millones y repuntaron otro 5,14% en los últimos 12 meses.

Los seguros del automóvil evolucionaron de manera positiva y cerraron 2022 con 11.353 millones de ingresos por primas, un 3,31% más que en 2021.

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, destacó hoy en su intervención en la jornada ‘Perspectivas del seguro y la economía para 2023’ organizada por ICEA en la que dio detalles sobre estos resultados que en el seguro de autos, las empresas resolverán las “tensiones” sobre los costes “con profesionalidad y equilibrio”.

En el negocio de vida, el volumen del ahorro gestionado por parte de las aseguradoras disminuyó un 1,01% de un año para otro. Las provisiones técnicas se situaron en 193.753 millones al acabar el pasado año.

La cuota de mercado en el seguro se situó en el 97,35%, siendo del 98,96% en el ramo de vida y del 96,37% en no vida. En automóviles se registró la mayor cuota de los distintos negocios, del 98,62%.

AUTORIDAD DEL CLIENTE FINANCIERO

González de Frutos criticó la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero por el “sometimiento al entorno contencioso-administrativo de los conflictos que puedan surgir” que se ha establecido, la obligatoriedad de someterse a la decisión de la Autoridad “solo para el asegurador”, lo que interpretó como una “asimetría poco justificable”, y la imposición de una tasa de 250 euros por caso que “en muchas ocasiones, resulta superior al importe medio de la reclamación”.

Recalcó que el sector asegurador es “poco litigioso” porque se producen más de 150 millones de siniestros al año que son “oportunidades de generar una reclamación” y las reclamaciones son de unas 100.000.

“El sistema de gestión de reclamaciones del seguro funciona bien, y una buena prueba de ello es que apenas un 10% de las reclamaciones totales estimadas termine en el servicio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y el 2,5% se resuelva a favor del cliente”, indicó, si bien agregó que eso “no quiere decir que no haya que mejorar cosas”. González de Frutos apostó por mejorar el plazo medio en el que la Dirección General de Seguros contesta a las reclamaciones interpuestas.

El nuevo organismo, ya aprobado por el Gobierno, integrará los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV- y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), que dejarán de realizar estas funciones y tendrá la finalidad de resolver quejas contra incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o contra el abuso de cláusulas contractuales.

Los ciudadanos podrán presentar reclamaciones ante la nueva autoridad de forma gratuita y ésta deberá resolver en un plazo máximo de tres meses. Sus decisiones tendrán carácter vinculante cuando se diriman importes de menos de 20.000 euros.

PENSIONES

Por otra parte, González de Frutos se refirió a la necesidad de reforzar los planes de pensiones para complementar la prestación pública y cifró en 750.000 millones de euros los que se necesitan para complementar en un 20% el sistema público. “La magnitud asusta; pero es alcanzable. Eso sí, es alcanzable si todos (Gobiernos, partidos políticos, administración, interlocutores sociales y gestores del ahorro) avanzamos juntos y en la misma dirección”, apostilló González de Frutos.

La presidenta de Unespa criticó que con la reducción de los incentivos fiscales se han reducido las aportaciones a los planes de pensiones e insistió una vez más en un esquema “suficiente de incentivos” para las empresas. Defendió que los sistemas que salen adelante son aquellos en los que “el empleador colabora activamente” y cuenta con “suficientes incentivos y de suficiente calidad”.