Según informaron las cuatro organizaciones conjuntamente este lunes, la industria del seguro comparte el objetivo principal de la estrategia, orientada a aumentar la participación y la confianza de los consumidores en los mercados financieros. Cabe recordar que los productos de ahorro afectados y gestionados por el seguro acumulaban 136.000 millones de euros de 6,3 millones de personas a cierre de 2022.

Del contenido de la propuesta de la Comisión, el sector valoró positivamente medidas como el reconocimiento del formato digital como opción por defecto para el suministro de información; el deber de los Estados miembros de fomentar la educación financiera, o el esfuerzo por aumentar la transparencia, de forma que los ciudadanos cuenten con información relevante, comparable y comprensible sobre los productos a la hora de tomar sus decisiones sobre inversión.

No obstante, consideraron que algunas de las soluciones propuestas imponen requisitos adicionales a todos los participantes del mercado de forma innecesaria y podrían dar lugar a “efectos no deseados”.

Entre las cuestiones que son objeto de “preocupación” para el sector asegurador, cabe destacar las “importantes restricciones” al cobro de incentivos para los mediadores, que resultan “desproporcionadas y pueden generar efectos contrarios”. “La retribución de dicha labor vía incentivos es legítima, por lo que se debería ofrecer al consumidor la opción de elegir entre un formato de retribución u otro”, apuntaron las cuatro organizaciones en el comunicado.

También opinaron que la propuesta se enfoca “excesivamente en los costes, por delante de otras características del producto que pueden ser determinantes para atender las exigencias y necesidades del cliente, llevando a priorizar el producto más barato sobre otros que potencialmente podrían ofrecerle un mayor valor al cliente”.

Por otra parte, señalaron que, para garantizar la relación calidad-precio de los productos, se establece la publicación de índices de referencia sobre costes y rentabilidades por parte de la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (Eiopa, en inglés), que funcionarían en la práctica como un límite máximo de precios, al prohibirse la distribución de productos que se desvíen de esos índices salvo que se realicen pruebas y evaluaciones adicionales para determinar la justificación y proporcionalidad de los costes y gastos.

“Esta medida genera dudas sobre su encaje en el marco de los tratados y normas comunitarias, y constituye una restricción a la libertad de establecimiento de precios de los operadores económicos, cuyos efectos negativos sobre la competencia se verían amplificados por tratarse de un sector intensamente regulado, advirtieron, y avisaron de que eso puede producir una reducción de la oferta de productos.

Sobre la información que se recaba en materia de distribución, la propuesta de la Comisión viene a incrementar tanto los requisitos del test de conveniencia como del test de idoneidad, obligando al distribuidor a obtener información adicional del cliente y a transmitirle nuevas explicaciones estandarizadas y advertencias. Con todo, el proceso “no sólo no se simplifica”, sino que “añade complejidad”, apuntaron desde el sector. “La propuesta de reforma es muy prescriptiva en este ámbito, planteando una gran cantidad de información y advertencias que puede llegar a ser abrumadora para los clientes”, agregaron, y propusieron “homogeneizar y ajustar la información de los documentos que actualmente se entregan”.