LAS ASEGURADORAS QUIEREN QUE SE REGULE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS ACCIDENTES "IN ITINERE" Y LOS INFARTOS

MADRID
SERVIMEDIA

Los accidentes laborales "in itinere" y los infartos de miocardio en el puesto de trabajo tienen tanta incidencia en la siniestralidad laboral que las mutuas aseguradoras se cuestionan la posibilidad de que se reconsidere, en el proyecto de ley pendiente de aprobación en Consejo de Ministros, la responsabiliidad que los empresarios pueden asumir en estos casos.

Así lo manifestó a Servimedia Julio Sánchez Fierro, presidente de AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), patronal que engloba a las 47 entidades en que quedaron reducidas las 120 existentes tras la reordenación del sector que fijó la Ley de Presupuestos del Estado de 1990.

En 1991, últimos datos disponibles, se redujo en un 1,5 por cien la accidentalidad laboral con respecto al ejercicio anterior. En total se produjeron 731.990accidentes de trabajo, con una pérdida global de 16.468.304 jornadas laborales.

En ese mismo año, los accidentes mortales fueron 1.923. La media de las bajas se redujo en dos días respecto a 1990, ejercicio en el que fue de 23 días. Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor número de accidentes con baja, con un total de 99.000.

"Los accidentes 'in itinere', es decir, en trayecto hacia o desde el trabajo, fueron 50.000, un tercio de todos los accidentes de tráfico producidos en el año. De ello, el 80 por ciento fueron debidos a fallos humanos y sólo el 20 por ciento a fallos técnicos", explicó Sánchez Fierro.

Según el presidente de AMAT, "estas cifras indican lo importante que es la revisión de la responsabilidad empresarial en estos accidentes, a los que se unen los infartos producidos en el puesto de trabajo y que no necesariamente corresponden a la actividad laboral".

Por grupos, "los jóvenes con escasa preparación laboral, los trabajadores de edad avanzada que llevan muchos años e el mismo puesto de trabajo realizando las mismas labores y los inmigrantes son los más expuestos", añadió.

FORMACION Y PREVENCION

"Todo ello vuelve a incidir en la cada vez más perentoria necesidad de potenciar las actividades de formación y prevención que han de facilitarse a los trabajadores como complemento imprescindible a las normas de seguridad e higiene en el trabajo. En definitiva, nuestro mejor asegurador somos nosotros mismos", dijo el presidente de la patronal.

La recaudación de la esorería General de la Seguridad Social para la mutualidad laboral fue en 1991 de 480.000 millones de pesetas, de los que apenas 5.000 millones se han invertido en prevención y seguridad en el trabajo.

"El presupuesto proviene de las cuotas de las empresas que se rigen por unas tarifas con más de 200 epígrafes aplicados sobre los salarios reales. Esto hace difícil y variopinta la recaudación, que, desde luego, no es la mejor de las posibles", indicó.

"Si se hiciera una estimación promedio de lo qe paga en España el empresario por este concepto", añadió, "se llega a un escaso 2,6 por ciento por trabajador. El efecto final es que los programas de prevención son muy limitados".

Por eso, "estamos deseosos de que, definitivamente, se apruebe el proyecto de Ley de Salud Laboral, pendiente desde el 1 de enero de 1993, fecha de obligada entrada en vigor con motivo del Mercado Unico", explicó Sánchez Fierro. "Aunque, en general, hay acuerdo en torno a este proyecto, existe un cierto confusionismo en e sector".

En la actualidad son todavía cinco los países, incluído España, que no han llevado a cabo la transposición de la Directiva Marco de Seguridad e Higiene en el trabajo que se aprobó durante la presidencia comunitaria española.

"No hay vacío legal, puesto que nos regimos por la Ley de Previsión de 1971, pero su antigüedad provoca un cierto desajuste con las necesidades mutuales del actual mercado de trabajo", dijo.

Las mutuas laborales cubren en España sólo el 80 por ciento de las actvidades económicas. El 20 por ciento restante está cubierto a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

"La regulación que se aplique con el proyecto de ley tiene que dejar a salvo la capacidad de gestión e iniciativa de las empresas mutuales, que son colaboradoras de la Seguridad Social, pero empresas de derecho al fin que pueden aportar la agilidad de la empresa privada", afirmó.

Para Sánchez Fierro, "las mutuas están muy limitadas por las normas administrativas. Es necesarioque tengan más capacidad de gestión y de actuación. Somos conscientes de que manejamos fondos públicos, pero para eso contamos también con auditorías y controles de intervención que garantizan nuestras operaciones", concluyó.

(SERVIMEDIA)
20 Mar 1993
M