El instructor Juan Carlos Peinado solicitó el pasaporte a la asesora en noviembre pasado. Su intención era comprobar si había realizado un viaje a Londres con la esposa del presidente del Gobierno para realizar gestiones relacionadas con la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense.

Álvarez no remitió la documentación solicitada y el juez pidió la intervención de la Unidad Adscrita a la Policía Judicial. El abogado de la asesora remitió un escrito en el que sostiene que pedir el pasaporte supone una "vulneración del derecho a guardar silencio" puesto que es “a la acusación a quien corresponde la carga de la prueba, para lo que no es posible recurrir a prueba obtenida mediante presión o coacción sobre el investigado”.

Recuerda el letrado lo establecido por el Tribunal Supremo en la sentencia del 'caso Noos' que afirmaba que no se puede obligar a una persona investigada a aportar documentación que pueda servir como prueba.

El escrito de la defensa de Álvarez pide que se investigue la filtración hecha a 'Okdiario' que después publicó la providencia dictada en enero en la que el juez Peinado ordenaba a la Policía que le informara sobre las gestiones hechas para conseguir los pasaportes de la asesora y de Gómez, al entender que es similar a la que afectó a García Ortiz.

El exfiscal general del Estado fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por revelar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia consideró que la filtración la realizó el condenado “o alguien de su entorno".

Según el escrito, el diario publicó la noticia el 13 de noviembre de 2026, a las 05.46 de la madrugada, pero el juzgado no envió la providencia al sistema Lexnet, para su notificación a las partes, hasta el 13 de enero pasadas las 20.00 horas, por lo que la filtración sólo pudo proceder del juzgado.