El escrito de la asesora, fechado el 30 de septiembre, critica la instrucción del juez Peinado al que acusa de “mutilar” el auto de la Audiencia Provincial en el que consideró que había indicios de presunto tráfico de influencias, pero no de malversación.

Reprocha al instructor del ‘caso Begoña Gómez’ haber reproducido ese auto de manera “parcial” y “descontextualizada” para “disimular su rebeldía”, omitiendo la argumentación en la que la Audiencia rechazaba que hubiera malversación.

La Audiencia Provincial dijo al magistrado que sus pasos siguientes tendrían que “centrarse” en si Cristina Álvarez “se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias”. Tanto el delito de malversación como el de tráfico de influencias pueden ser juzgados por un tribunal con jurado, según la legislación.

Pero además, dice el abogado, su representada no podría haber incurrido en el delito de malversación porque “no basta con ser funcionario público o autoridad” para cometerlo, sino que se debe “poseer facultades de administración, custodia o disposición sobre dicho patrimonio en virtud de su cargo”, algo que, sostiene, no concurre en el caso de Álvarez.