A través de un comunicado, Aedaf criticó la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2 de febrero de 2024, con la que el TS consideró que “no hay pérdida patrimonial indemnizable” con el impuesto de plusvalía municipal.

Según Aedaf, se trata de un impuesto “contrario a la Constitución y que, por ello, nunca debió ser exigido”. Así, la asociación mostró su preocupación por “la situación en la que se encuentran los contribuyentes ante los tributos que son declarados inconstitucionales”.

Recordó que el Tribunal Constitucional (TC) “tardó años en declarar la inconstitucionalidad del tributo y, cuando lo hizo en 2017 fue para declararlo inconstitucional de forma limitada, sólo para aquellos casos en los que el contribuyente no hubiera tenido un incremento de valor al tiempo de la transmisión patrimonial”.

“Esa decisión del TC, unida a la inactividad del legislador, inundó de recursos los tribunales ordinarios y obligó a la sección segunda de la Sala Tercera del TS a un trabajo ingente para resolver las numerosas incertidumbres abiertas con la decisión del Constitucional y que tenían difícil solución con la normativa tributaria de revisión vigente”, añadió Aedaf.

En ese sentido, manifestó que “cuatro años más tarde, en 2021, el TC declaró inconstitucional el impuesto para todos los casos, pero lo hizo limitando los efectos de su sentencia, esto es, impidiendo que aquellos ciudadanos que no hubieran reclamado ya pudieran hacerlo”. “En una decisión insólita fijó como fecha de efectos la del dictado de la sentencia y no la fecha de su publicación con el objeto de evitar las reclamaciones de última hora”, apuntó, con lo que “ahora ha sido el TS el que ha terminado de cerrar la puerta a las reclamaciones de los ciudadanos que habían pagado ese impuesto declarado inconstitucional”.

Aedaf defendió que “el Estado de derecho no nació para proteger frente a las justas reclamaciones de sus ciudadanos, sino para defender a los ciudadanos de los abusos del poder”.