Así lo demandó en un comunicado en el que subrayó que, en ocasiones, “tiene mayor pena el delito de fraude eléctrico que el de la propia plantación”.

Tras puntualizar que, según diversas estadísticas, el consumo medio de una de estas plantaciones “es equivalente al de unas 100 viviendas”, la entidad indicó que ha iniciado diferentes campañas de reclamación en nombre de los vecinos afectados, con reuniones y actuaciones que, a su juicio, “deben ser coordinadas entre distintas administraciones públicas y los afectados”.

Además de a cada administración competente en materia de energía a nivel autonómico, ha solicitado mantener reuniones con los subdelegados del Gobierno con el fin de “plantear líneas prioritarias de denuncia” antes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la propia empresa suministradora de electricidad.

En los próximos días, la Asociación Española de Consumidores trasladará también una petición de reunión a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados para “propiciar” los cambios en la legislación vigente que considera necesarios en esta materia.