La entidad valoró positivamente el anuncio del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, al considerarlo “coherente con la preocupación social y educativa existente” y con las líneas defendidas en la propuesta de Pacto de Estado en defensa de los menores en el ámbito digital promovida por la AETD en 2023. Dicha iniciativa fue impulsada por la vicepresidenta de la asociación y expresidenta del Comité de Personas Expertas creado por el Ministerio de Juventud e Infancia, Ana Caballero.

No obstante, Caballero advirtió de que “la mejora del entorno digital de los menores no puede descansar únicamente en una restricción de acceso” y celebró que el Gobierno haya señalado la responsabilidad directa de los directivos de las plataformas digitales. A juicio de la AETD, las medidas adoptadas hasta ahora por estas empresas han sido “mayoritariamente cosméticas y orientadas a eludir responsabilidades”, más que a garantizar una protección efectiva de la infancia.

La asociación insistió en la necesidad de “acompañar cualquier avance normativo con medidas técnicas concretas y verificables”, como sistemas eficaces de verificación de edad, mecanismos de etiquetado inteligente de contenidos y una categorización clara y homogénea que permita identificar riesgos y limitar la exposición de los menores. Sin la aplicación conjunta de estas herramientas, advirtió, “no será posible avanzar de forma significativa en la protección infantil en el entorno digital”.

La AETD también señaló que el anuncio del Gobierno presenta “importantes inconcreciones” y se asemeja en algunos aspectos a “una declaración de intenciones”, especialmente en lo relativo a la investigación de los algoritmos que gobiernan la distribución de contenidos. En este sentido, alertó de la “ausencia de mecanismos efectivos de auditoría algorítmica, de obligaciones reales de transparencia y de una rendición de cuentas clara por parte de las plataformas”.

Finalmente, la asociación subrayó que, aunque el modelo de negocio de las grandes plataformas se base legítimamente en la obtención de beneficios, esta rentabilidad “no puede construirse a costa de la salud y los derechos fundamentales de los ciudadanos”, especialmente de los menores. Por ello, reclamó que el Gobierno dote a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las herramientas necesarias para “reforzar el control efectivo sobre las plataformas”, en línea con el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea.