Así se pronunció en declaraciones a Servimedia, dejando claro lo que reclamaban desde un principio desde la asociación, que García Ortiz debía haber dimitido para no comprometer la institución”. Prudente, Dexeus prefirió esperar a conocer “la integridad de la sentencia” para “no hacer un juicio paralelo o valoraciones sin conocimiento íntegro de los fundamentos de la sentencia”. Eso sí, remarcó que desde la AF preveían “esta posibilidad al igual que la absolución de Álvaro García Ortiz”.

La presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales tiene claro que la investigación y el juicio al fiscal general arrastraron a la institución “a esa guerra que se entabló contra el Tribunal Supremo, que ha parecido en algunos momentos que era una guerra de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo, cuando no es así”.

“No se estaba enjuiciando a la Fiscalía, sino a Álvaro García Ortiz”, aseguró, insistiendo en que ha sumido a la institución en una crisis institucional sin precedentes”.

“Ahora hay que recuperar otra vez el crédito de la institución, la apariencia de imparcialidad, alejarnos de cualquier posicionamiento partidista y de ningún tipo de sesgo ideológico. Simplemente seguir con el trabajo del día a día”, defendió.

Al mismo tiempo, Dexeus consideró que esta situación lo que puede provocar es “desconfianza” entre los ciudadanos: “La estrategia de defensa se ha entablado de tal forma que poco menos es que si se condena al fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo lo que hace es una guerra sucia contra la Fiscalía o una politización de la Justicia”.

En este sentido, aseguró que “supone un descredito para todos, para la Justicia en general”. Algo que, sin embargo, “no responde a la realidad de la Justicia en España”.

Por último, Dexeus criticó algunos discursos políticos que cargan contra la Justicia, pidiendo “volver a la responsabilidad institucional”, la cual, insistió, hay que “reclamársela a los políticos”. E hizo hincapié en que los políticos han de hacer "declaraciones constructivas en favor del Estado de derecho, de respeto a los tribunales, con sosiego y con fundamentos, que no se dejen llevar por apreciaciones que parecen más de un ‘hooligan’ que de un responsable político”.