Esta asociación es la segunda en representatividad en la carrera judicial y destaca en su análisis que el objetivo último de la amnistía acordada por el PSOE con las fuerzas independentistas es, “por una parte, liberar de responsabilidad a las personas relacionadas con el movimiento independentista que cometieron delitos y, por otra parte, asegurar un acuerdo político de investidura y/o legislatura. Estas finalidades no justifican la desigualdad creada con la amnistía”, concluye.

La proposición de ley fue presentada ayer en el Registro del Congreso con la única firma del PSOE. En caso de que se apruebe, indica el documento, los jueces no incurrirán en actitudes de rebeldía y la aplicarán mientras no sea declarada inconstitucional o rebatida por las instancias europeas.

A juicio de la AJFV, esta ley consagra la desigualdad entre ciudadanos y para aplicarse debería tener un fin constitucionalmente legítimo y proporcionado, un criterio que choca con el hecho de que España no aborda un cambio de régimen, ni cuenta con consenso social en relación a los hechos que se tratan, sostiene.

Indica que la idea de contribuir a la convivencia democrática y acabar con el conflicto político del Estado con Cataluña, que esgrime el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no son suficientemente sólidos para derogar las decisiones judiciales que tomaron los tribunales en relación a los implicados en el ‘procés’.

Su conclusión, sobre el texto legal, es que la ley propuesta “trata de manera desigual a aquellas personas que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas otras que, pese a haber cometido los mismos delitos en el mismo periodo, lo hicieron de manera relacionada con el independentismo catalán; estas últimas se verán beneficiadas y las primeras no”.

La AJFV destaca la “enorme incidencia” de la proposición de ley y advierte que en caso de ser aprobada debería respetar “los principios constitucionales de igualdad y exclusividad de la jurisdicción, con afectación directa sobre la independencia judicial”, con “el máximo respeto a las atribuciones constitucionales del Parlamento, plenamente legitimado para tramitar la proposición”.

Indica también esta asociación que “el pluralismo político no se ha visto afectado por lo sucedido en Cataluña, hasta el punto de que los partidos existentes son en esencia los mismos ahora que en 2017 y los procesos electorales ulteriores han conducido a mayorías parlamentarias independentistas”.

En cuanto a la justicia, advierte que esta legislación “no tiene nada que ver con utilizar el derecho para superar conflictos políticos. Y la igualdad no es valor que pueda invocarse válidamente para generar una desigualdad (salvo supuestos de discriminación positiva)”. Finalmente, el examen del articulado de la proposición de ley, añaden, tampoco permite hallar “ninguna finalidad constitucionalmente legítima que justifique la injerencia en el principio de igualdad”.