A través de un comunicado, la asociación reclamó las “máximas facilidades” para que los jueces y magistrados aclaren “los posibles casos que puedan afectar a este cuerpo judicial”.

La asociación, que defiende la vida laboral y social de los guardias civiles, recordó que el código ético por el que se rige la entidad tiene en un alto concepto tanto de los efectivos como del propio Cuerpo, lo que “debe mantenerse como un principio básico”.

En ese sentido, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, reclamó la “máxima transparencia” de todos los socios e integrantes de los distintos cargos, por el valor que tiene “ser Guardia Civil y lo que representa como institución”.

Vilariño destacó que “la transparencia en la gestión es una condición exigible en una sociedad democrática y avanzada como la española”, motivo por el que la asociación exige que “la claridad en las actuaciones marque el camino futuro de la Guardia Civil” tras la dimisión de la directora general. Así, reclamó que “sean los tribunales quienes califiquen y definan las acciones punibles o no en cada caso”.

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, explicó este miércoles que ha renunciado a su cargo tras conocer que su marido, Juan Carlos Martínez Martínez, ha sido citado “en el marco de un procedimiento judicial”.

En una declaración institucional sin preguntas en la sede central del Instituto Armado en Madrid, Gámez explicó que había presentado esta misma jornada su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

A este respecto, fuentes gubernamentales informaron, poco antes de la comparecencia de Gámez, de que su sucesora sería la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.