En un Estado democrático de Derecho como es el que proclama el artículo primero de la Constitución de 1978, dice la declaración, “el respeto al Poder Judicial y por lo tanto a las decisiones emanadas de Jueces y Tribunales es un postulado esencial que obliga a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales de gobierno”.

Por ello, añade, las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, “realizando afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad” sobre el caso del fiscal general del Estado que “estaba siendo todavía juzgado por el Tribunal Supremo, solo pueden ser calificadas como una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle”.

La “desautorización” dirigida en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, remarca la APM, supuso “un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional”, especialmente “censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena” a Álvaro García Ortiz.

Por todo ello, la APM, “defendiendo una vez más los valores que inspiran su compromiso con la sociedad, no puede sino deplorar y exigir el cese de tan graves ataques y descalificaciones como son los que vienen reiterándose contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial en su conjunto, absolutamente impropias en una democracia avanzada”.

La declaración concluye asegurando que “estamos en condiciones de garantizar al conjunto de la sociedad que, como implica la fórmula de juramento que hicimos con motivo de nuestro ingreso en la carrera judicial, seguiremos dedicando lo mejor de nosotros mismos a la tarea de “administrar recta e imparcial justicia frente a todos”.