A través de un comunicado, la asociación mayoritaria de jueces y magistrados en España explicó que, entre las principales cuestiones que abordaron están la "ausencia de una reforma efectiva del sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial, las preocupaciones en torno al acceso a las carreras judicial y fiscal, el impacto institucional de la condena al fiscal general del Estado, el déficit estructural de medios personales y materiales, y los riesgos derivados de reformas organizativas sin inversión proporcional".

De ahí que denunciaran que "el clima institucional y la percepción pública sobre la independencia judicial han tendido a deteriorarse".

Asimismo, la APM puso de relieve las "serias disfunciones" que está generando la implantación de los tribunales de Instancia, incluidos en la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según denuncian, "sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano".

Durante el intercambio con los eurodiputados, la APM asegura que fue consultada, entre otras materias, sobre el modelo de acceso a la carrera judicial y sobre el papel y los límites funcionales del Tribunal Constitucional (TC) en relación con la jurisdicción ordinaria y el Derecho de la Unión Europea.

La Asociación subrayó al respecto que el Estado de derecho "exige instituciones robustas, contrapesos efectivos, reglas estables y una dotación suficiente de recursos", y reiteró al mismo tiempo su "compromiso con la defensa del Estado de derecho, la independencia judicial y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones europeas".

Tras esto, la APM subraya que "queda a disposición del Parlamento Europeo" para ampliar la información aportada durante este encuentro y "continuar colaborando en el marco del seguimiento de los estándares europeos en materia de Justicia".