Ni la rendición de cuentas por el “terrible historial” de derechos humanos del gobierno venezolano, ni por su ampliamente denunciada “falta de legitimidad democrática”, pueden imponerse fuera del perímetro de las herramientas legales disponibles y de los mecanismos que respetan el derecho del pueblo venezolano a la libre autodeterminación, argumenta.

La acción militar estadounidense, considera, marca un paso más hacia un “cambio de paradigma en el orden mundial, que busca reemplazar el derecho y las instituciones internacionales por el poder del más fuerte”.

Añade que cualquier perspectiva de paz y democracia duraderas requiere que “los principios del derecho internacional se reafirmen constantemente y que las instituciones responsables de su aplicación estén protegidas de cualquier acción o práctica que amenace su credibilidad y eficacia”.

Por lo tanto, Europa y la comunidad internacional “no pueden permanecer reticentes ni ambiguas al condenar el uso unilateral de la fuerza” -fuera de los casos estrictamente permitidos por la Carta de las Naciones Unidas- “como ilegal”, ni al instar a todos los Estados miembros a que “se mantengan fieles a las disposiciones de la Carta y no legitimen en modo alguno las situaciones derivadas de su violación”.

Además, reitera su máxima preocupación por el continuo ataque a un orden internacional basado en normas, y se suma a la voz de la comunidad jurídica y la sociedad civil para instar a las instituciones internacionales y europeas a “condenar claramente cualquier acto que implique el uso ilegal de la fuerza y cualquier acción que, en lugar de abordar las situaciones de vulneración grave de los derechos fundamentales con los instrumentos del derecho internacional destinados a erradicarlas y proporcionar reparación, explote dichos contextos para violar las obligaciones y limitaciones impuestas por el derecho internacional”.

Pide igualmente garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos, y la rendición de cuentas por su violación y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas fundamentales que rigen la coexistencia pacífica de los Estados y el respeto de los procesos de transición libres y democráticos.