La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales suscriben un comunicado en el que recuerdan que la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene un “impacto significativo en la percepción pública de la independencia judicial y en el funcionamiento de los tribunales debido a la imposibilidad de cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales”.

Destacan, además que el el Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) reclama desde el año 2013 que los vocales del Consejo sean elegidos por los jueces. El mandado del CGPJ está caducado desde hace ya más de cinco años.

Señalan también que los ataques a miembros del poder judicial procedentes de las autoridades políticas, y las acusaciones de ‘lawfare’ hacia jueces y fiscales por parte de responsables de las instituciones políticas “minan gravemente la confianza en la judicatura”. Critican también como “inadmisible que los jueces y fiscales sean llamados al Parlamento en comisiones parlamentarias que tienen por objeto investigarlos”.

Las puertas giratorias entre política y Justicia, añaden, son “un grave problema en España para jueces y fiscales”. Mientras la Constitución dice que el régimen de incompatibilidad debe asegurar la total independencia, “la legislación que favorece el billete de ida y vuelta es problemática desde el punto de vista de la separación de poderes y de la necesaria independencia de los jueces y los fiscales en el fondo y en la forma”.

Estas cuatro asociaciones señalan también que los aforamientos constituyen “un régimen privilegiado de enjuiciamiento para políticos que acentúa la percepción de politización de la Justicia”.

La promoción profesional de jueces y fiscales basada en “sistemas de nombramiento discrecional, poco transparentes” también “afecta a la confianza” de la sociedad en el poder judicial y en la Fiscalía.

Jueces y fiscales alertan también de que en los próximos diez años se jubilará un tercio de la carrera judicial, al tiempo que la media de jueces por habitante en España es de las más bajas de Europa. Ante esta situación, dicen, “no existe planificada ninguna medida para hacer frente a la falta de jueces” y fiscales que “afecta a la persecución de delitos y al derecho a un juicio justo sin demoras”.

Y concluyen: “Durante décadas llevamos pidiendo medidas para despolitizar la Justicia y medios personales y materiales, sin que los gobiernos de uno u otro signo quieran solucionar estos graves problemas. La sociedad debe ser consciente de que no hay Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y con medios”.