Las asociaciones de perfil conservador, que representan a la mayoría de los jueces y fiscales, consideran que “la huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales".

Mantienen “firmemente” que el derecho de huelga es “un derecho fundamental que se ejerce de manera individual y no cabe interpretación restrictiva”, señalando que “la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión”. Y frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, las asociaciones recuerdan que "el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional".

El Comité de Huelga ha establecido los servicios mínimos, tal y como establece la ley cuando el empleador (CGPJ y FGE) no los fija. Estos servicios respetan los criterios que ayer definió el CGPJ en su punto 5 del acuerdo del Pleno.

El comunicado responde al acuerdo del CGPJ de este jueves en el que se advertía a los jueces que el derecho a la huelga no tiene amparo en la actual legislación y, por tanto, el Consejo descarta establecer servicios mínimos para los días del paro.

También la Fiscalía General del Estado ha respondido en el mismo sentido a las asociaciones de fiscales convocantes, advirtiendo que no puede establecer servicios mínimos y que a Inspección vigilará las incidencias a lo lardo de esos días.

Los convocantes insisten en que la concentración de este sábado es un acto “a favor” del Poder Judicial, “no es en contra del Gobierno ni es en contra del Poder Legislativo”. Quieren que sea un acto abierto “a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con los ideales de un Poder Judicial independiente y la separación de poderes, pilares fundamentales de un Estado social y democrático de derecho”.