En nota de prensa, defendió que "cuando las mujeres acuden a un servicio sanitario para interrumpir su embarazo, es porque así lo han decidido".

Por tanto, "este tiene la obligación de ofrecer todos los servicios necesarios para gestionar y acompañar dicha decisión, de la misma manera que hay que ofrecer todos los servicios y acompañamientos necesarios a una mujer que decide ser madre", recalcó.

A su juicio, ofrecer a las mujeres "oír el latido fetal, ver una ecografía o recibir atención psicológica" supone "una coacción, además de la asunción de que son personas incapaces que necesitan ser tuteladas".

Esto implica "infantilizar y ningunear a las mujeres", apuntó, y "obligaría a los profesionales a asumir unas funciones que no les corresponden y que les colocan en una posición de 'poder emocional' respecto a quienes deben atender y acompañar con respeto”.

Con todo, la Federación afirmó ser "consciente" de que el anuncio de estas medidas forma parte de "un ataque a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos de las mujeres, que además se repite en otras comunidades autónomas y en otros países de una manera coordinada". "Es una obligación advertirlo, y también seguir trabajando por los derechos humanos", concluyó.

El presidente de la Junta de Castilla y León puntualizó este sábado que esas medidas son para incrementar la natalidad.