Moya declaró a Servimedia que "si la Justicia verifica que en la residencia 'La alegría de vivir' de Dos Hermanas (Sevilla) los ancianos vivían en las condiciones denunciadas por los medios de comunicación, el responsable de este centro tendría que ir a la cárcel".

En este sentido, señaló que si es necesrio una reforma del Código Penal para endurecer las penas, no debería descartarse esta opción.

Asimismo, exigió a las Administraciones Públicas que ejerzan las tareas de inspección y supervisión que les corresponden, ya que afirmó que si actúan de forma coordinada no es difícil detectar la existencia de este tipo de instalaciones.

Según la Federación Nacional de Residencias Privadas de la Tercera Edad, en España hay cerca de 20.000 camas ilegales, distribuidas por centros que no reunen las condicones ni garantías mínimas de seguridad e higiene exigibles a estos establecimientos.

Según Juan Antonio Moya, la Administración sanitaria puede contribuir a la detección de estas residencias, ya que el propio sistema les financia los pañales y medicamentos que consumen los ancianos.

En España hay casi 200.000 camas en residencias legales de la tercera edad, de las cuales unas 150.000 son privadas y el resto públicas.