Asval señaló en un comunicado que "prolongar la moratoria una vez más erosiona el derecho de propiedad y aumenta la desconfianza de los propietarios en las instituciones del Estado, incrementando la sensación de inseguridad jurídica".

Según la asociación, se genera "un alto riesgo de reducir la oferta de viviendas en alquiler, en un momento en que el mercado ya presenta niveles mínimos de disponibilidad y tiempos de recuperación de inmuebles superiores a los 20 meses".

"Lo que nació hace más de cinco años como una medida excepcional durante la pandemia se ha mantenido en España de forma casi estructural, a diferencia de la mayoría de países europeos, que la retiraron gradualmente a medida que la situación sanitaria y económica se normalizaba", agrega.

Asval subraya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya declaró en un caso similar ocurrido en Italia que la demora prolongada en la ejecución de desahucios, aun cuando esté motivada por la necesidad de planificar medidas de asistencia social, vulnera los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada. A su entender, esta jurisprudencia evidencia que las cargas derivadas de la protección social no pueden recaer indefinidamente sobre particulares ni convertirse en una suspensión sine die de decisiones judiciales firmes.

Asval aboga por aumentar los esfuerzos en dar una solución definitiva a los miles de casos que se encuentran en suspenso, instando a los poderes públicos a realizar un diagnóstico claro y riguroso sobre cada uno de ellos y a aplicar medidas correctoras, que alivien la carga a los propietarios pero, fundamentalmente, que den estabilidad a las familias que se encuentran en situaciones reales de vulnerabilidad. "Ni los propietarios deben servir de escudo social, ni las familias pueden seguir sosteniéndose con parches que, lejos de solventar la falta de alternativa habitacional, perpetúan situaciones de precariedad y falta de seguridad", concluye el comunicado.