Amor hizo esta aseveración en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, en la que se pronunció sobre el hecho de que Junts haya arrancado al PSOE el compromiso de transponer la Directiva europea que recoge el IVA franquiciado, por la que se exime de liquidar este tributo indirecto a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

El plazo para aplicar esta normativa concluyó el 1 de enero de 2025 y, ante los retrasos, ATA denunció al Gobierno español ante la Unión Europea. Ahora, Junts ha puesto como precio de su apoyo al decreto anticrisis con bajadas de impuestos por la guerra la transposición de esta directiva, muy demandada por todas las asociaciones de autónomos.

En todo caso, Amor dejó claro que “es muy triste” que el Gobierno sea el único de la UE que no ha adoptado todavía esta medida de ninguna manera, pese a que simplificaría la burocracia del colectivo y ahorraría unos 600 euros al año de media por cada persona con derecho a acogerse a esta medida.

Asimismo, ironizó con que, “en España, se es muy ágil” al transponer directivas que significan “sacarle el dinero” a los ciudadanos pero, en cambio, “muy lento” cuando el objetivo es “facilitarles la vida”, en este caso a los trabajadores por cuenta propia.

En cuanto al decreto anticrisis que se debatirá y votará este jueves en el Congreso, el también vicepresidente de la CEOE señaló que “va en la buena dirección, pero es absolutamente insuficiente”, porque recoge bajadas de impuestos pero no “da respuesta” a los aumentos de los costes de la energía y los carburantes que sufren muchos sectores.

“Se queda corto porque, desgraciadamente, la situación se está enquistando”, advirtió Amor, quien auguró que, a la coyuntura que se ha generado, no se le va a “poner fin en un corto espacio de tiempo”.

Finalmente, el presidente de ATA se refirió también al nuevo registro horario impulsado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que fue ha sido objeto de un dictamen muy crítico por parte del Consejo de Estado, que avala buena parte de las reticencias del Ministerio de Economía.

En este sentido, Amor recordó que, en España, el registro de jornada ya es obligatorio y que, ahora, se le diga a las empresas que “ahora no vale eso, que es otro nuevo”, no es adecuado y les provoca nuevas cargas y costes. A ello, añadió que el informe del Consejo de Estado es "taxativo", por lo que apostó por no continuar adelante con esta medida.