Así lo expresa su informe ‘La vivienda tiene solución’, elaborado por Atenea con la participación de la presidenta de Asprima, Carolina Roca, y el consejero delegado de Colliers, Mikel Echavarren, y presentado esta semana.

En su decálogo de propuestas, inciden en la derogación de esta norma (Ley 1/2013), que, según afirman, sigue vigente fruto del “populismo legislativo, en el que por desgracia caen todos los partidos” y que “conduce a legislaciones que acaban perjudicando a los que se pretende proteger”.

El informe subraya que con esta norma se produjo “la ruptura del mecanismo de garantía real frente a un préstamo hipotecario”, lo que obliga a la banca a centrar su análisis de riesgo “exclusivamente en la solvencia de la persona concreta que solicita el préstamo”. “Eso lleva a que una gran masa social quede excluida”, subraya.

El 'think tank' también reclama una nueva Ley del Suelo inspirada en el principio de que “todo es urbanizable, salvo lo que necesite especial protección”, en el que la reserva de edificabilidad de vivienda protegida “deberá estar en un máximo del 25% en suelos urbanizables y del 5% en suelo urbanizado”.

Asimismo, pide la derogación de la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno en 2023, por ser, en su conjunto, un “constructo concebido desde la visión comunista de los partidos de extrema izquierda españoles”.

CAMBIOS "DRÁSTICOS" EN FISCALIDAD

Por otro lado, se pide una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para “devolver el equilibrio entre arrendador y arrendatario, fomentando la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes”. En su opinión, las modificaciones recientes explican “la huida de los propietarios a otros formatos como el alquiler turístico, el alquiler de larga estancia o el florecimiento del flexliving”.

Sobre el alquiler turístico, de hecho, la reforma que se pide es devolverla precisamente a esta norma, de la que fue sacada en el año 2013. “En todo caso, el alquiler turístico no es la causa del encarecimiento del alquiler ni de la vivienda, y sólo en casos muy locales (las islas, principalmente) supone un problema, que debería tratarse no con restricción, sino con creación de oferta”, destaca.

El informe de Atenea también reclama recuperar el régimen de las ‘socimis’ del año 2013 y cambios “drásticos” en fiscalidad, como el establecimiento de un impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) máximo del 2% cuando se trate de primera vivienda o la bonificación del 100% del IBI al comprador de primera vivienda habitual durante los primeros cinco años.