Estos son los datos que constan en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, los cuales se presentan de forma global e incluyen los hechos conocidos de “atentado contra la autoridad, agentes o funcionario público”. Es decir, computando los delitos comprendidos en los artículos 550 a 554 del Código Penal y “sin especificar a qué cuerpo u organismo de la Administración pertenece el agente o funcionario objeto del hecho”.

Es lo que se desprende de dos respuestas parlamentarias del Gobierno ante preguntas del PP. Ya a finales del pasado año ofreció una cifra general de este tipo de atentados contra la autoridad entre 2019 y junio de 2025, en contestación a los senadores del PP Antonio Silván, Luis Javier Santamaría y Marimar Blanco, quienes se interesaron por las agresiones a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, desglosados por anualidades y provincias.

Entonces, únicamente dio el dato general de estos años: 13.127 incidentes de este tipo en 2009, 13.671 en 2020, 15.397 en 2021, 16.651 en 2022, 16.833 en 2023, 16.878 en 2024 y 8.038 hasta junio de 2025, lo que sumaba un total de 100.595 atentados contra la autoridad o funcionarios públicos.

Sin embargo, el pasado 26 de marzo, las diputadas del PP Ana Belén Vázquez, Irene Garrido y Gema Pérez registraron una pregunta similar en el Congreso para conocer el número de agresiones que han sufrido los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque en este caso los solicitaba desde 2021. Y, de nuevo, pedían su desglose por anualidades y provincias.

En esta ocasión, el 9 de mayo el Gobierno respondió con los datos desglosados por provincias, aunque volvió a repetir que en el SEC no se especificaba a qué cuerpo u organismo pertenecía el agente o funcionario agredido. Estos pueden ser desde efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a funcionarios docentes o sanitarios, pasando por miembros del Gobierno, de las Cortes, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía, como establece el artículo 550 del Código Penal.

Así, de esta nueva respuesta se desprende, por un lado, que la cifra total de atentados a la autoridad en 2025 fue de 16.554, lo que eleva el total en esos siete años a 109.111. Y, por otro, que las provincias con mayor número de infracciones penales de este tipo fueron Madrid, Barcelona y Valencia.

En concreto, en Madrid (entre 2021 y 2025) se registraron 15.742 casos de atentado contra la autoridad o funcionarios, con entre 2.896 y 3.298 al año. En Barcelona, mientras, en los últimos cinco años la cifra total fue de 9.249 incidentes, con una media de 1.850 al año. Y en Valencia, en el mismo periodo se registraron 5.587 atentados, a unos 1.110 anuales. Unas cifras que contrastan, por ejemplo, con las de Teruel (122 ataques entre 2021 y 2025), Ávila (143) o Soria (158).

CÓDIGO PENAL

El delito de atentado contra la autoridad se regula en los artículos 550 a 554 del Código Penal. Así, comete atentado quienes “agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.

E incluye como víctimas, además de a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al personal de seguridad privada bajo mando de los anteriores, a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los funcionarios docentes o sanitarios “en el ejercicio de sus funciones” y a los ya citados políticos o magistrados de diferentes instituciones.

El Código Penal establece penas diferenciadas para estas infracciones. Así, los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si fuera contra autoridad, y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. Mientras, en el caso de parlamentarios o jueces, será de uno a seis años de cárcel y multa de seis a doce meses.

Además, el artículo 551 introduce circunstancias agravantes que implican las penas superiores de cada horquilla. Incluye el uso de armas o instrumentos peligrosos, actos potencialmente mortales o que causen lesiones graves (lanzamiento de objetos contundentes, líquidos inflamables, incendios o explosivos), empleo de vehículos motorizados o cuando los hechos se lleven a cabo durante un motín en un centro penitenciario.