David Sánchez fue nombrado director de conservatorios de la Diputación de Badajoz en el 2017, cuando su hermano ya no era secretario general del PSOE, ni tampoco era presidente de Gobierno, puesto que alcanzó en 2018. En esta causa también se juzgaba al expresidente de la Diputación y exsecretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.

La sentencia acuerda la absolución libre de todos los acusados del resto de las infracciones penales que se les imputaban. "No hacemos pronunciamiento en materia de responsabilidad civil por falta de legitimación de las partes acusadoras". seáña. Y, por tanto, el tráfico de influencias queda descartado.

Las acusaciones populares del PP, Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa, Liberum y Abogados Cristianos solicitaban una pena de seis años de prisión y 28 de inhabilitación por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Se trata de la pena máxima para esos delitos. Del grupo de acusadores se desmarcó el pseudosindicato Manos Limpias que pedía dos años y once meses de cárcel para David Sánchez. La Fiscalía pedía la libre absolución de los acusados por entender que no hubo delito.

Inicialmente, el tribunal tenía previsto hacer pública la sentencia en el mes de septiembre, aunque las deliberaciones concluyeron la pasada semana, pero el temor a que se produjeran filtraciones ha decidido al tribunal a hacer pública su decisión antes de las vacaciones. La sentencia se ha dictado sin ningún voto discrepante. La sentencia en cuestión no es firme, ya que puede ser objeto de ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos tienen que ver con su acceso a una plaza de coordinador de conservatorios de música para la que fue contratado en julio de 2017 por la Diputación de Badajoz, que en ese momento presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo. La sentencia, de 377 páginas, indica que "son múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa que permiten en su valoración conjunta inferir, con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción, para pergeñar los actos arbitrarios ya expuestos con el designio de favorecer a Don David Sánchez Pérez-Castejón”.

Añade que esa “arbitrariedad se manifestó en la urgente creación de una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido, alzaprimando el interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general, estableciendo unas condiciones laborales y retributivas propias del personal de alta dirección y concediendo dicho puesto a Don David conculcando los principios de mérito y capacidad, con opacidad e irregularidad en la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos".

El tribunal entiende probado el cambio de nomenclatura de la plaza para pasar a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas en lo que supuso una “transformación sustancial” del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección, suprimiendo la incompatibilidad del mismo con el propósito de adaptarla a las “apetencias personales de David Sánchez Pérez-Castejón”.

También acredita la sentencia la creación por parte de la misma Entidad Local con carácter urgente a finales de 2023 de la plaza de Jefatura de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas adjudicada con la misma urgencia en comisión de servicios al acusado Luis María Carrero Pérez, íntimo amigo del hermano de Sánchez, y colaborador suyo en precedentes proyectos operísticos, “con el afán de que siguiera ayudando a este en sus actividades relativas a la ópera ,aun cuando prestaban teóricos servicios en departamentos administrativos diferentes”.

El tribunal concluye que los acusados en esta causa se concertaron para permitir la entrada a David Sánchez y "(a su auxiliar Don Luis María) sendas plazas retribuidas con fondos públicos de nueva creación para que pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno".

La sentencia impone a los acusados el pago de la mitad de las costas procesales, incluyendo las ocasionadas por las acusaciones populares, y atribuye a Miguel Ángel Gallardo dos duodécimas partes de las mismas, mientras que el resto de los acusados tendrán que satisfacer una décima parte cada uno. La otra mitad de las costas no tendrán que ser satisfechas por haber sido absueltos.