Se confirma así el procesamiento dictado por la jueza instructora, Beatriz Biedma, el pasado 28 de abril y la apertura de juicio oral que se celebrará en la Audiencia Provincial, tras quedar sin efecto el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo. El líder socialista se convirtió en diputado de la Asamblea de Extremadura ante la cercanía de su procesamiento y la renuncia de cinco compañeros de partido, maniobra que fue considerada “fraude de ley” por la Justicia.

El pasado mes de abril, la jueza procesó a 11 personas involucradas en la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno como coordinador de los conservatorios de Badajoz. También se juzgará la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que se podría haber beneficiado de esa estrecha relación para hacerse con el puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

La acusación popular ejercida por Manos Limpias, HazteOír, Liberum, Iustitia Europa, Vox, PP y Abogados Cristianos, solicitan tres años de prisión y la inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, por seis y 15 años, respectivamente, además de la devolución de los salarios percibidos y una sanción que podrían sumar los 130.000 euros.

Los magistrados consideran que “existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido” sobre la naturaleza “delictiva de la conducta imputada” por lo que decide “proseguir el procedimiento”, a expensas de lo que pueda “acreditarse” en la vista oral.

Tanto la fiscalía como las defensas solicitaban en sus recursos el archivo de la causa, al entender que no existen indicios de criminalidad suficientes de la comisión de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, que después pasó a llamarse Oficina de las Artes Escénicas.

La Fiscalía no recurrió las decisiones de la jueza en fase de instrucción pero, una vez concluida, estimó que no había “indicios racionales de criminalidad, sino hipótesis” sobre la creación de esa plaza ni sobre la intervención de Gallardo para que se le adjudicara al hermano del presidente y solicitó el archivo de la causa a la Audiencia Provincial.

Sin embargo, antes de que la Audiencia resolviera los recursos, la instructora acordó la apertura de juicio oral contra David y conta Gallardo, que al día siguiente adquirió la condición de aforado. Su defensa pidió entonces a la juez que se inhibiera a favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que rechazó asumirla por considerar que hubo “fraude de ley”.

En un auto de 64 páginas, los magistrados insisten en que los hechos deben ser “objeto de debate en juicio oral” puesto que la resolución de los recurso no puede convertirse en “una valoración probatoria”. Así, insisten en que “no se justifica el archivo del procedimiento” porque exista “una duda razonable” sobre el carácter delictivo de los hechos que podría derivar en “una sentencia absolutoria”.

Insiste la Audiencia en que hasta ahora no cabe hablar “de quebranto alguno de la presunción de inocencia del encausado, pues éste solo puede tener lugar con el dictado de una sentencia de condena, mientras que aquí solo hemos examinado si los datos en que se basan las imputaciones formuladas se constatan en las diligencias como existentes y si contienen un fundamento razonable de punibilidad”, por lo que “procede desestimar el recurso formulado y confirmar la resolución recurrida”.

Para el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, las acusaciones piden un año y medio de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación administrativa y piden la devolución de los salarios percibidos.

Además, piden para Elisa Moriano, exdirectora del área de Cultura, para Cristina Núñez, exdiputada de Cultura, y para el miembro de la inspección Félix González, un total de 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público.

Para Juana Cinta, directora de Recursos Humanos, Emilio Parejo y Francisco Martos, trabajadores de la Diputación, piden año y medio de prisión, al igual que para Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, y Manuel Candalija, exdirector de esta área.