La juez Biedma, en el auto de transformación en procedimiento abreviado, acordó el procesamiento del hermano del presidente del Gobierno y de otras 11 personas, entre las que está el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Este lunes, la Audiencia de Badajoz decidirá si los 11 investigados se sientan en el banquillo por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En el caso concreto de David Sánchez, el recurso sostiene que el proceso ha tenido “carácter político, instrumental y teleológico”.

La defensa del presidente del Gobierno insiste en que no existen indicios criminales en su contra y destaca que “se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares”.

La Fiscalía pidió archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad y define como “absurda” la prolongación de un proceso» que está “condenado al fracaso”, antes de pedir el sobreseimiento de la causa.

La Audiencia podría prolongar las deliberaciones a lo largo de varios días y dará respuesta a los recursos en una única resolución. La acusación popular, integrada por Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, ha pedido tres años de prisión para los investigados, por delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal.

Por otra parte, decidirá sobre el futuro del líder socialista del Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que realizó un aforamiento exprés como diputado autonómico y que fue considerado “fraude de ley” por la jueza. Como aforado debería ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura pero la juez Biedma entiende que su maniobra fue para “eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la Audiencia provincial”.