En el auto hecho público hoy, los magistrados estiman que, "a la vista de la actual situación de la república de Perú", no se dan las condiciones necesarias para que la jurisdicción española asuma esta causa.

"En suma", explican los magistrados, "los obstáculos que puedan encontrar los jueces peruanos son los propios de toda actividad judicial cuando los impuados no son delincuentes comunes sino relevantes en el plano político, económico o militar, lo que tanto puede suceder en Perú como en otro Estado"·

El magistrado José Ricardo de Prada Solaesa emitió un voto particular en virtud del cual la jurisdicción española debería haber asumido el enjuiciamiento de tales hechos.

El 20 de noviembre de 1998, el Comité de Solidaritat amb el Perú de Catalunya presentó una querella que acusa de los delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal a iecinueve personas, entre los que destacan Fujimori y el responsable de los servicios secretos de su Gobierno, Vladimiro Montesinos.