Según consta en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera probado que Achurra colocó y disparó el 3 de marzo de 1990, "con intención de que estallase y produjese la muerte de alguno de sus moradores", una granada contra la citada casa cuartel.

El proyectil, que fue lanzado desde un tubo lanzagranadas colocado a unos 30 metros de distancia, no estalló porque no cayó verticalmente.

Los investigadores encontraron las huellas dactilares de Achurra en la caja armazón donde estaba situado el tubo lanzagrandas.

Para el fiscal, Achurra es responsable de un delito de delito de atentado contra agentes de Fuerza de Seguridad del estado y otro de estragos en grado de frustración, por lo que solicita que sea condenado a 13 años de prisión.