El tribunal rechaza, sin embargo, que la mujer de Pedro Sánchez sea juzgada por apropiación indebida y corrupción en los negocios, por lo que los nueve miembros del tribunal tendrán que decidir si es culpable o no de dos de los delitos de los que le imputaba el juez Peinado.

Junto a Begoña Gómez también será juzgada su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sólo en relación con el supuesto desvío del software, y no irá a juico por tráfico de influencias. Además, queda sobreseída la acusación por delito de corrupción en los negocios.

Del procedimiento por Ley del Jurado queda separado el empresario Juan Carlos Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos a su empresa.

Además, la Sala acuerda el alzamiento de las medidas cautelares personales acordadas respecto de las investigadas, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, sin perjucio de que ambas estén localizadas en todo momento.