Ambos se sientan en el banquillo como autor y cooperadora necesaria de un delito continuado de prevaricación administrativa presuntamente cometido en 2016 y 2017. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, habían usado la figura del contrato menor en más del 50% de las contrataciones que realizó el Ayuntamiento.

En los contratos menores no es necesario un proceso público de licitación, lo que permite "eludir de forma intencionada la normativa vigente en materia de contratación administrativa que exige el respeto a los principios de publicidad, transparencia y libertad de acceso a las licitaciones".

Según la Fiscalía, ambos se saltaron el trámite normativo en materia de aprobación de gasto y "gran parte de los contratos menores de servicio y suministro que se firmaron en este periodo de tiempo por sendos acusados excedieron el límite cuantitativo del mismo, no obstante lo cual, ambos los aprobaron con facturas fraccionadas".

En su escrito, el Ministerio Público explica que los acusados fraccionaron de forma sistemática contratos para evitar superar el límite legal de 18.000 euros establecido para los contratos menores. El alcalde lo hizo en contra de las objeciones planteadas por el interventor municipal, que advirtió de las irregularidades, pero el primer edil desoyó esa advertencias.

Así, se adjudicaron contratos de mantenimiento de edificios públicos por más de 45.000 euros en 2016; mantenimiento de zonas ajardinadas, adjudicado de forma fraccionada a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., o contratos de suministro de material de ferretería para la piscina municipal que superaron los 22.700 euros. Además, se detectaron irregularidades en la prórroga tácita de contratos prohibida por ley o en la realización de campañas de publicidad.