La decisión ha sido tomada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia tras una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa.

En el auto dictado este viernes y al que ha tenido acceso Servimedia, el titular de este juzgado, Antonio Piña, acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia del tribunal.

El instructor sostiene en su resolución que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y considera procedente incoar las diligencias al no estar "determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido", de conformidad con el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juez indica que se trata de analizar si cabe investigar a Netanyahu como "máxima autoridad de la cadena de mando política y militar" de Israel, y a Halevi como "superior jerárquico de las unidades implicadas", por los hechos ocurridos el 7 de abril en el sur del Líbano, cuando un convoy logístico del contingente español de la Finul fue interceptado por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh.

CASCOS AZULES BAJO FUEGO

La denuncia de Iustitia Europa se fundamenta en la agresión del 7 de abril, cuando un convoy logístico del contingente español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (Finul) fue interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes. Durante el incidente, un sargento español fue extraído de su vehículo y retenido de forma ilegal, con un trato calificado de degradante por la formación denunciante.

El auto incluye también entre los investigados al comandante del Comando Norte de las IDF, como "responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha de los hechos", así como a "cuantos otros mandos militares y autores materiales resulten identificados en el curso de la instrucción" como responsables por acción u omisión de los hechos denunciados.

La resolución judicial dispone la incoación de las diligencias previas y ordena dar "traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre competencia, así como para que en su caso se pronuncie sobre las diligencias solicitadas en la denuncia presentada". El magistrado estima procedente "instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación".

La denuncia fue recibida el 13 de abril en el Juzgado Central de guardia y por providencia de fecha 14 de abril se devolvieron las actuaciones al Juzgado Central Decano para su reparto, tras lo cual fueron asignadas a la Sección de Instrucción Plaza nº 6. El auto de incoación lleva fecha de este viernes, 17 de abril, y fue firmado electrónicamente por el magistrado a las 13.45 horas.

JURISDICCIÓN UNIVERSAL

La competencia del tribunal se sustenta, según indica Iustitia Europa, en el principio de personalidad pasiva, al ser la víctima un ciudadano español miembro de la misión de paz de la ONU, y en el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes de guerra, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La apertura de diligencias previas implica el inicio de una investigación judicial para esclarecer los hechos, identificar a todos los responsables materiales e intelectuales y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Iustitia Europa califica la agresión como una violación de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU y del derecho internacional humanitario.

El partido denunciante considera los hechos "un ataque directo a la autoridad de las Naciones Unidas y a la protección reforzada que ampara al personal de mantenimiento de la paz". Iustitia Europa se ha personado como acusación popular tras la denuncia e indica que impulsará el procedimiento para que los ataques contra las fuerzas de paz internacionales no queden impunes.

El presidente de esta fuerza política, Luis María Pardo, señaló que "la decisión de la Audiencia Nacional es un paso fundamental para reafirmar que el Derecho Internacional debe primar y que no todo vale" y añadió que "la impunidad ante crímenes de esta naturaleza socava los cimientos de la convivencia pacífica y la seguridad global".