Según informó este martes la entidad que preside Juan Chicharro, el recurso se dirigía contra una resolución que consideran "llena de irregularidades". Entre ellas, destaca la "caducidad del expediente" y la "denegación del testimonio de siete historiadores e investigadores propuestos por la Fundación". Además, sostienen que la resolución vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española.

Fuentes de la Fundación informaron a Servimedia de que la admisión a trámite del recurso tuvo lugar este lunes, 1 de junio, por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En el documento recurrido, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ordenaba al Protectorado de Fundaciones, dependiente de su departamento, emitir un informe favorable para la extinción de la Fundación. Asimismo, se insta a la Abogacía del Estado a iniciar el procedimiento judicial correspondiente para disolver la entidad, que lleva más de cincuenta años desarrollando actividades divulgativas sobre la historia reciente de España.

La entidad cuya extinción se busca afirmó que Urtasun intenta "utilizar mecanismos administrativos para promover la desaparición de una entidad legalmente constituida". Asegura que esta decisión se basa en "una interpretación ideológica, parcial y excluyente de la historia de España", lo que consideran "incompatible con una sociedad democrática basada en el pluralismo político e intelectual".

LIBERTAD IDEOLÓGICA Y DE EXPRESIÓN

La Fundación defendió que "el debate sobre la historia de España no puede resolverse mediante la censura, la proscripción de ideas o la eliminación de entidades legalmente constituidas". En este sentido, subrayan que la libertad de expresión, la libertad ideológica y la libertad de investigación histórica son "pilares esenciales del Estado de derecho" y deben ser protegidos.

También señaló que el Gobierno no garantiza estos derechos y, por ello, han decidido acudir al Poder Judicial, al que califican de "independiente". Asimismo, destacan que "en una sociedad verdaderamente democrática no debe existir una historia oficial impuesta por los poderes públicos", sino que los ciudadanos deben tener la posibilidad de "conocer, estudiar y discutir libremente las distintas visiones de nuestro pasado común".

La admisión a trámite del recurso por parte de la Audiencia supone, según los recurrentes, un avance importante para garantizar que las actuaciones administrativas estén sujetas al control judicial. Aseguran que esto es fundamental para proteger los derechos fundamentales y evitar que el poder quede "inmune al escrutinio judicial".

UN DEBATE HISTÓRICO EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

La Fundación aprovechó para recordar que la resolución sobre su extinción se produce en un contexto cercano al aniversario de los acontecimientos que dieron origen a la Guerra Civil. Desde su perspectiva, el intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue "una respuesta a un proceso revolucionario que amenazaba la continuidad de España como nación libre y soberana".

Además, defendió que el franquismo proporcionó "un largo periodo de estabilidad, paz interior, desarrollo económico y progreso social". Según su interpretación, este periodo culminó con la integración de España en la comunidad internacional y el reconocimiento diplomático por parte de países democráticos no comunistas.

En este sentido, los recurrentes consideran que la existencia de diversas interpretaciones sobre la historia contemporánea de España exige "reforzar, y nunca restringir, las libertades de expresión, investigación, asociación y debate público" que ampara la Constitución. Insisten en que "no puede imponerse una versión oficial única de los acontecimientos históricos".

CONFIANZA EN LA JUSTICIA

Por último, esta organización expresó su confianza en la Justicia española para resolver este conflicto. Reiteraron su compromiso con "la defensa de las libertades públicas, el pluralismo ideológico y el respeto al Estado de derecho".

La entidad que preside Chicharro concluyó que seguirá trabajando en la promoción de su visión histórica y en la defensa de los derechos fundamentales, confiando en que el Poder Judicial garantizará la imparcialidad y el respeto a la legalidad vigente.