La Sala ordena, por tanto, el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por el juez magistrado Manuel García Castellón al entender que se trata de una investigación prospectiva, dado que los hechos son anteriores a la aprobación en 2015 de la legislación que penalizó como delito la financiación irregular de los partidos políticos.

El juez García Castellón reabrió en octubre pasado la causa sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que había cerrado en 2016 por falta de indicios delictivos. El punto de inflexión lo marcaron las revelaciones de ‘El Pollo Carvajal’ que, reclamado por la justicia estadounidense, se ofreció a colaborar con jueces españoles e italianos para alargar todo o posible el proceso de extradición.

Carvajal declaró entonces para denunciar las supuestas aportaciones económicas del Gobierno de Hugo Chavez a Podemos en los tiempos de su fundación. El dinero llegaba a la formación en metálico a través de Juan Carlos Monedero, uno de sus fundadores, o a través de la empresa Viu que pagó a otros responsables partido como Carolina Bescansa.

El juez ha intentado investigar esos pagos o entregas de dinero que se habrían producido en 2013, antes de la modificación de la norma sobre financiación de partidos. La Fiscalía presentó varios recursos y la Sala ha ido revocando los intentos del juez de revisar las cuentas de la empresa o las actividades y estancias de los fundadores de Podemos en Venezuela. Ahora, La Sala advierte de que, si se busca es una fiscalización de las cuentas del partido, la tarea debe realizarla el Tribunal de Cuentas.

Según el auto, esta investigación reabierta “desborda” el objeto de la causa y “amplía artificiosamente” la instrucción para “investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal” del partido. La fiscalización de la financiación de las formaciones políticas, indica, son competencia del Tribunal de Cuentas”.

Por tanto, la Sala de lo Penal explica que "no cabe, como pretende el ‘a quo’ desconociendo el criterio de la sala, extender el procedimiento en una instrucción prospectiva contra personas que integran o haya integrado dicho partido político, así como contra personas, físicas o jurídicas, que hubieran tenido relación con Podemos”.

Los magistrados añaden, además, dudas sobre la credibilidad de los testimonios de testigos vinculados con ‘El Pollo Carvajal’ que no han sido contrastados y subraya que el exmilitar venezolano “es una persona prófuga de la justicia de los Estados Unidos de América y su ‘testimonio’ debe valorarse con la prevención de perseguir un fin espurio, evitar que se materialice la extradición ya resuelta judicialmente y aprobada por el Gobierno de España”.