En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal recuerdan que como ya se ha argumentado en anteriores ocasiones para denegar la puesta en libertad de Carvajal, el reclamado por Estados Unidos para ser enjuiciado por narcotráfico estuvo en paradero desconocido casi dos años, entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021, cuando fue localizado escondido en un piso de Madrid, distinto al domicilio en el que se encontraban empadronados su pareja y sus cinco hijos.

Durante ese lapso de tiempo, explican los magistrados de la Sala Penal, no se le pudo efectuar la notificación de la resolución administrativa denegatoria de asilo, posteriormente recurrida y confirmada.

“Esta situación de fuga, en cuanto que voluntariamente dejó de comparecer ya el 15 de noviembre de 2019 y se mantuvo fuera del alcance de este tribunal permite colegir que el riesgo de una nueva sustracción del procedimiento es elevado, máxime cuando la extradición fue aprobada gubernativamente el 3 de marzo de 2002 y por auto de 26 de noviembre de 2021, confirmado el 20 de marzo de 2022, se han declarado suficientes las garantías solicitadas a las autoridades de los Estados Unidos en relación a la cadena perpetua”, indica la Sala.

Además, añade, no solo le fue denegado el asilo tras una primera petición, sino que fue solicitado nuevamente el 30 de diciembre de 2021 y le fue denegado el 20 de marzo del año siguiente.

El proceso de extradición lleva varios meses paralizado en tanto no se resuelve el recurso de Carvajal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La sección tercera de la Audiencia Nacional denegó la entrega en un primer momento, pero después el Pleno revocó esa decisión, tras lo cual Carvajal permaneció huido de la justicia durante casi dos años, hasta que fue detenido en septiembre de 2021, en una operación en la que la DEA estadounidense colaboró para su localización.

Ya en prisión, ‘El Pollo Carvajal’ trató de retrasar por todos los medios su entrega a Estados Unidos y se ofreció a la justicia española para testificar en la investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos.